sábado, 11 de abril de 2020

¿FARSA O JUSTICIA? LAS DUDAS DEL JUICIO QUE CONDENÓ A MUERTE A JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. P. Villatoro. ABC. 03/12/2019


Entre el 16 y el 18 de noviembre de 1936 se celebró en Alicante la vista contra el fundador de Falange Española. Dos días después fue fusilado

La noche del 18 de noviembre de 1936, apenas cuatro meses después de que comenzara la Guerra Civil, el jurado de la Segunda República dictó sentencia contra el jefe (y fundador) de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. El primogénito de Miguel (dictador entre 1923 y 1930) fue condenado a la pena capital por rebelión militar a eso de las dos y media de la madrugada. «Ha terminado la vista de la causa. […] Ha sido condenado a la pena de muerte. Su hermano Miguel, a treinta años, y la mujer de este, a seis años», explicó ABC aquella jornada (un jueves) en su edición de Madrid. Un día después, este diario añadió también que la sociedad había acogido la noticia con una «serenidad desprovista de todo apasionamiento».
Así acabó un proceso que se extendió durante dos intensas jornadas y que fue seguido de forma exhaustiva por la prensa nacional. Sin embargo, lo que pocos medios recogieron fue un hecho estremecedor que se sucedió después de que el Presidente del Tribunal leyera la respuesta que el jurado había dado a las veintiséis preguntas planteadas durante la vista: Primo de Rivera se alzó, felicitó a su hermano y a la esposa de éste porque habían escapado del patíbulo, se dirigió al magistrado que acababa de hacer pública la sentencia... ¡y le dio un gran abrazo! No solo eso, sino que le musitó que sentía el «mal rato» que acababa de pasar por culpa suya. Y es que ambos eran buenos amigos.
El magistrado en cuestión era Eduardo Iglesias Portal, al frente de los novedosos (e ideologizados) jurados instaurados por el Frente Popular para dictar sentencia en los delitos de rebelión y sedición. Un juez estrella para la república que se había hecho famoso tras perseguir a los asesinos del tren correo de Andalucía en 1924 y que, como bien explica el periodista e investigador Honorio Feito en «El juez que condenó a José Antonio» (Actas, 2019) conocía a José Antonio Primo de Rivera de actuaciones pasadas como «el intento frustrado de golpe de Estado del general Sanjurjo». Adversarios, en efecto, pero siempre desde el respeto. La amistad entre ambos hizo que, tras la Guerra Civil, la familia del fundador de Falange intercediera por él para que pudiera regresar del exilio. Un ejemplo de la reconciliación.



El comienzo de todo El origen del juicio (y la posterior muerte) de Primo de Rivera hay que buscarlo el 14 de marzo de 1936, día en que el fundador de Falange y otros tantos de sus seguidores fueron detenidos a primera hora de la mañana. Aunque, por entonces, su delito no era el de rebelión (ese llegaría después), sino el de «quebrantamiento de la clausura gubernativa del local de Nicasio Gallego». José Antonio fue acusado de haber obviado la prohibición de hacer uso de un centro que, como explicó la prensa de la época, había sido cerrado el 27 de febrero después de que se hallaran en su interior «algún olvidado pistolón, algún cargador y alguna porra». De la calle pasó a las dependencias de la Dirección General de Seguridad para ser interrogado.
Como ese, otros tantos centros fueron clausurados bajo la orden de «suspensión de las funciones» del grupo. Así recogió el ABC, en su edición del 17 de marzo de 1936, la noticia del arresto bajo el titular de «El señor Primo de Rivera, procesado»: «Por orden judicial, en la noche del domingo ingresó en la cárcel, procesado por un delito de injuria a la autoridad, don José Antonio Primo de Rivera. Los demás detenidos por funcionamiento ilegal de los centros fascistas continúan a disposición del juez». El fundador de Falange ya no volvería a ser libre. A partir de ese momento, y tal y como señala Feito en su obra, «alrededor de su persona se fue encadenando una secuencia de procesos» cuyo objetivo era que no abandonara la prisión.

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