En marzo de 1936 el Gobierno del Frente Popular encarceló a José Antonio Primo de Rivera con la excusa de una posesión ilegal de armas de fuego. La misma izquierda que había montado la Revolución de Octubre (casi 1.400 muertos) y desperdigado patrullas que cortaban las carreteras se escandalizaba de que el fundador de la Falange Española de las JONS tuviera dos pistolas en su casa. Al no haber salido elegido diputado en las elecciones de febrero, José Antonio carecía de la inmunidad que daba un acta parlamentaria, aunque a José Calvo Sotelo ésta no le salvó cuando un comando terrorista socialista le sacó de su domicilio para matarle. El Gobierno de izquierdas también impidió que se pudiera presentar como candidato de las derechas a las elecciones repetidas en Cuenca en mayo.
El Gobierno ordenó su traslado a la cárcel de Alicante a comienzos de junio, un mes antes del alzamiento del 18 de julio. Allí se le sometió a un juicio farsa, en el que los partidos del Frente Popular se volcaron para conseguir la condena del caudillo falangista, hasta el punto de coaccionar al jurado. La sentencia fue de pena capital porque se le consideró culpable del delito de rebelión militar. ¡Una persona que estaba encarcelada cuatro meses antes de que esa rebelión se produjese!
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