Entre el 16 y el 18 de noviembre
de 1936 se celebró en Alicante la vista contra el fundador de Falange Española.
Dos días después fue fusilado
La noche del 18 de noviembre de 1936,
apenas cuatro meses después de que comenzara la Guerra Civil, el jurado de la
Segunda República dictó sentencia contra el jefe (y fundador) de Falange
Española, José Antonio Primo de Rivera. El primogénito de Miguel (dictador entre
1923 y 1930) fue condenado a la pena capital por rebelión militar a eso de las
dos y media de la madrugada. «Ha terminado la vista de la causa. […] Ha sido
condenado a la pena de muerte. Su hermano Miguel, a treinta años, y la mujer de
este, a seis años», explicó ABC aquella jornada (un jueves) en su edición de
Madrid. Un día después, este diario añadió también que la sociedad había
acogido la noticia con una «serenidad desprovista de todo apasionamiento».
Así acabó un proceso que se
extendió durante dos intensas jornadas y que fue seguido de forma exhaustiva
por la prensa nacional. Sin embargo, lo que pocos medios recogieron fue un
hecho estremecedor que se sucedió después de que el Presidente del Tribunal
leyera la respuesta que el jurado había dado a las veintiséis preguntas planteadas
durante la vista: Primo de Rivera se alzó, felicitó a su hermano y a la esposa
de éste porque habían escapado del patíbulo, se dirigió al magistrado que
acababa de hacer pública la sentencia... ¡y le dio un gran abrazo! No solo eso,
sino que le musitó que sentía el «mal rato» que acababa de pasar por culpa
suya. Y es que ambos eran buenos amigos.
El magistrado en cuestión era
Eduardo Iglesias Portal, al frente de los novedosos (e ideologizados) jurados
instaurados por el Frente Popular para dictar sentencia en los delitos de
rebelión y sedición. Un juez estrella para la república que se había hecho
famoso tras perseguir a los asesinos del tren correo de Andalucía en 1924 y
que, como bien explica el periodista e investigador Honorio Feito en «El juez
que condenó a José Antonio» (Actas, 2019) conocía a José Antonio Primo de
Rivera de actuaciones pasadas como «el intento frustrado de golpe de Estado del
general Sanjurjo». Adversarios, en efecto, pero siempre desde el respeto. La
amistad entre ambos hizo que, tras la Guerra Civil, la familia del fundador de
Falange intercediera por él para que pudiera regresar del exilio. Un ejemplo de
la reconciliación.
El comienzo de todo El origen del
juicio (y la posterior muerte) de Primo de Rivera hay que buscarlo el 14 de
marzo de 1936, día en que el fundador de Falange y otros tantos de sus
seguidores fueron detenidos a primera hora de la mañana. Aunque, por entonces,
su delito no era el de rebelión (ese llegaría después), sino el de
«quebrantamiento de la clausura gubernativa del local de Nicasio Gallego». José
Antonio fue acusado de haber obviado la prohibición de hacer uso de un centro
que, como explicó la prensa de la época, había sido cerrado el 27 de febrero después
de que se hallaran en su interior «algún olvidado pistolón, algún cargador y
alguna porra». De la calle pasó a las dependencias de la Dirección General de
Seguridad para ser interrogado.
Como ese, otros tantos centros fueron
clausurados bajo la orden de «suspensión de las funciones» del grupo. Así
recogió el ABC, en su edición del 17 de marzo de 1936, la noticia del arresto
bajo el titular de «El señor Primo de Rivera, procesado»: «Por orden judicial,
en la noche del domingo ingresó en la cárcel, procesado por un delito de injuria
a la autoridad, don José Antonio Primo de Rivera. Los demás detenidos por
funcionamiento ilegal de los centros fascistas continúan a disposición del
juez». El fundador de Falange ya no volvería a ser libre. A partir de ese
momento, y tal y como señala Feito en su obra, «alrededor de su persona se fue
encadenando una secuencia de procesos» cuyo objetivo era que no abandonara la prisión.
