En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». De esta manera. Margarita Robles Fernández, portavoz de los socialistas, se dirigía al Congreso.
A continuación exponía los motivos que, a través de los mismos, los socialistas están dispuestos, cueste lo que cueste, a decidir su propia Historia, la Historia de España que es de todos los españoles. Pero son tantos los motivos que estos falsos y fraudulentos historiadores se les han ocurrido, que para repetirlos todos necesitaríamos un número especial y esto no es posible. De momento, trascribimos alguno de ellos: «La presente ley de reforma igualmente modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduciendo un nuevo artículo 510 bis que incluye diversos tipos penales dirigidos al castigo de las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y de la Guerra Civil Española, el enaltecimiento del franquismo, así como la necesidad en democracia, de la ¡legalización de asociaciones o fundaciones que, con la justificación de fines sociales, realizan actos de exaltación franquista. También se recoge un nuevo artículo 320 bis dirigido a castigar a las autoridades y funcionarios públicos que incumplan esta ley o se nieguen a aplicarla. Para ello se sigue el esquema y las conductas típicas ya existentes en los artículos 320, 322 y 329 del Código Penal. Aunque el espíritu de la Ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica».
No faltó, entonces, quien le preguntara al funesto y demagogo secretario del PSOE: «A ver, Sánchez, ¿propondrías que me multaran o me metieran en la cárcel si pongo una placa en la puerta de la casa de mi abuelo recordando que fue secuestrado y asesinado por milicianos anarquistas en el año 1938? No es una pregunta retórica, responde a la realidad histórica». Quien esto escribía, hace pocos días, en el diario ABC, es el periodista Carlos Herrera. A mí también me hizo recordar lo ocurrido con un pariente muy cercano que fue asesinado, mientras la Policía de la idílica República miraba para otro lado, el 21 de agosto de 1936, en Madrid, en las tapias del cementerio del Este. Su única falta era ser diputado de la CEDA. Después, también se lo pagaron con borrar su nombre de una de las calles de Mieres (Asturias) y de embadurnar el monumento, –que aún existe, no sabemos hasta cuándo–, que ilustra este artículo, donde se podría leer su nombre junto con otros muchos asesinados, que habían sido profesores o alumnos de la Universidad de Oviedo. La misma que volaron en el golpe de Estado que los socialistas dieron, sin conseguir salir victoriosos, en octubre del 34, y a cuyos principales cabecillas, Indalecio Prieto y Largo Caballero, les han levantado sendas estatuas en Madrid.
(Indalecio Prieto)
Otra de las cosas que vuelven a pedir estos indocumentados es la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939. Dicen ahora que no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad. Pero según la prensa, en el año 2009 publicaba que siete brigadistas recibieron de la mano del embajador español en Londres sus pasaportes españoles, en virtud de la Ley de la Memoria Histórica, que concede la nacionalidad por carta de naturaleza sin tener que renunciar a la suya propia. «Hemos tardado pero ahora hemos llegado a casa», aseguró Sam Lesser, de 94 años, brigadista internacional que combatió en la Ciudad Universitaria de Madrid. «Vuestra lucha no fue en vano», dijo el embajador español en Londres, en la época de Rodríguez Zapatero, Carlos Casajuana, quien también añadió: «Vuestros ideales forma parte de la fundación de nuestra democracia». Bien, independientemente de que es muy difícil comprender que se les conceda tal honor a quien ha venido a nuestra Patria a matar españoles, conviene recordar ahora aquellas palabras que Jacinto Benavente publicó en el diario La Vanguardia Española de Barcelona: «Acordaos del desfilar insolente de las brigadas internacionales, el desecho y la hez de toda la criminalidad del mundo, presidiarios indultados a condición de venir a combatir contra España». Desde luego, las palabras del embajador, de ser ciertas, al menos así las ha recogido el diario El País, son para enmarcarlas en un cuadro porque todos los historiadores de todos los signos –incluso los soviéticos o prosoviéticos– aceptan hoy la tesis formulada por el norteamericano David T. Cattell, cuando escribió en su libro Communism and the Spanish Civil War, que las Brigadas Internacionales fueron una fuerza soviética en España. Y claro, había entonces que preguntar al embajador: ¿Cuándo los ideales soviéticos formaron parte de alguna democracia?
(*) Historiador y presidente de la Fundación José Antonio Primo de Rivera. Artículo publicado originalmente
en "Desde la Puerta de El Sol"
